¡COLOMBIA! LA HUMANIZACION DEL CONFLICTO ARMADO Y LA SENTECIA C-225 DE 1995

 

HUMANIZACION DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

Problemática y Resolución de la Sentencia C-225/95 sobre el Derecho Internacional Humanitario (DIH)

La Sentencia C-225 de 1995 marca un punto de inflexión en la historia jurídica colombiana, ya que consolida la plena incorporación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) al ordenamiento constitucional del país. En este importante fallo, la Corte Constitucional examinó a fondo las objeciones presentadas por el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla (VIDA). La Corte fue clara al explicar que el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra no busca legitimar la guerra, sino, todo lo contrario: busca humanizarla.

Bajo esta premisa, el DIH se considera parte esencial del ius cogens, es decir, un conjunto de normas imperativas que ningún Estado tiene la facultad de desconocer. La Corte enfatizó que estas reglas limitan la actuación estatal, incluso durante los estados de excepción, priorizando la protección de la dignidad humana por encima de cualquier poder político. Además, puntualizó que las amnistías contempladas solo pueden aplicarse a delitos de índole política; jamás a crímenes atroces —como torturas u homicidios— que vulneran directamente los derechos fundamentales.

En resumen: esta sentencia consolidó la primacía del DIH en Colombia y, con ello, fortaleció la responsabilidad ética del Estado frente al conflicto armado.

El proceso jurídico y legislativo de la Ley 171 de 1994

La Corte Constitucional detalló minuciosamente cómo el Congreso de la República llevó a cabo la aprobación de la Ley 171 de 1994, la cual adoptaba formalmente el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra. En este trámite legislativo, fue el ministro de Relaciones Exteriores quien presentó el proyecto ante el Senado, cumpliendo así con la necesaria iniciativa gubernamental en materia de tratados internacionales. El texto fue debidamente publicado en la Gaceta del Congreso, un paso que garantizó la total transparencia, y fue debatido en comisiones y plenarias conforme a las exigencias del debido proceso. Cada etapa, desde la discusión inicial hasta la sanción final, fue un reflejo de la participación democrática; por lo tanto, la decisión final –dictada en Bogotá el 18 de mayo de 1995– demostró un profundo respeto institucional por el marco constitucional colombiano.

El día que la Corte habló de humanidad

En mayo de 1995, la Corte Constitucional de Colombia debatió la constitucionalidad de la Ley 171 de 1994, que aprobaba el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra. Mientras el país sufría el conflicto armado, el Estado defendía que acoger el Derecho Internacional Humanitario no significaba perder soberanía, sino proteger la dignidad humana. Sin embargo, la Corte, al declarar exequible la ley, generó controversia al subordinar la Constitución a normas internacionales, lo que fue criticado por el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, que advirtió el riesgo de legitimar a los grupos armados. La sentencia, aunque buscaba humanizar el conflicto, debilitó la soberanía y confundió la posición del Estado frente a los insurgentes. En retrospectiva, la decisión se considera bien intencionada, pero inadecuada para el contexto colombiano, pues ignoró el sufrimiento de las víctimas y puso en duda la independencia y la legitimidad del Estado.

                                         

                            LA CARA DEL CONFLICTO ARMADO FOTOGRAFIA POR Alvaro Ybarra Zabala


UN ARGUMENTO EN CONTRA DE LA HUMANIZACION DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

La objeción fundamental a la "humanización del conflicto" en Colombia estriba en la tesis de que regular la guerra, un proceso deshumanizante por naturaleza, implica su peligrosa formalización y legitimación a priori. Los grupos armados irregulares, como las FARC y el ELN, instrumentalizan el Derecho Internacional Humanitario —convirtiéndolo en una estrategia de guerra—, para obtener reconocimiento político y/o justificar acciones atroces.

Esta instrumentalización vacía el discurso de su valor transformador, acepta la existencia del conflicto interno, en lugar de forzar su FINALIZACION. El Estado debe proteger a sus ciudadanos; los grupos ilegales, sin embargo, perpetran masacres, secuestros y torturas.

Existe una profunda paradoja al debatir cómo hacer la guerra “menos inhumana”; este foco desvía la atención del objetivo primordial: ¡LA PAZ! El resultado es la deshumanización del adversario, lo que se refleja en la tendencia a aplicar la legislación penal antiterrorista en lugar del DIH: esto —al ver al combatiente como un criminal absoluto, no como un enemigo justo— rigidiza la confrontación. La consecuencia más grave es la deshumanización del adversario, que se refleja en la tendencia a aplicar la legislación penal antiterrorista en lugar del DIH; por ejemplo, viendo a los combatientes como criminales comunes y no como actores políticos; y debilitando la soberanía estatal (UN RIESGO LATENTE). ¿Se puede lograr la reconciliación mientras se niega la naturaleza del conflicto? ¡Se rechaza cualquier pretensión de impunidad por violaciones del DIH!

 

• Esta crítica subraya que regular el conflicto no es el fin, sino “la paz total”.

Con una larga experiencia en conflictos de todo el mundo, Ybarra ha fotografiado a lo largo de 16 años lo que ocurría en las distintas regiones de Colombia. Él quiere poner su granito de arena para la reconciliación

HUMANIZAR AL ENEMIGO O BUSCAR LA PAZ TOTAL?

En deducción, la aplicación de reglas bélicas corre el riesgo de legitimar a priori la violencia ejercida por actores que atentan contra el Estado democrático. Críticos sostienen que al adoptar normativas como el Protocolo II, se concede a grupos armados irregulares y terroristas "el acceso a las leyes de la guerra con sus beneficios", lo cual vulnera los principios de respeto a la dignidad humana que deben primar en la Constitución. Este enfoque es aún más problemático porque el discurso de los derechos humanos y del DIH ha sido históricamente instrumentalizado y convertido en una "arma política" por los actores armados (como las FARC, el ELN y las AUC) para denunciar a sus enemigos y justificar sus propias infracciones. La consecuencia de esta instrumentalización es doblemente perversa: mientras se intenta humanizar, el conflicto es frecuentemente tratado bajo la Legislación Penal Internacional Contraterrorista, lo que, paradójicamente, conduce a la deshumanización de la guerra al catalogar al adversario como un criminal o un enemigo absoluto. En última instancia, enfocarse en la regulación humanitaria del conflicto acepta un "ciclo ascendente de daño y venganza", en lugar de utilizar todos los recursos para detener las hostilidades y buscar la paz definitiva.

 


La muerte, el dolor por los asesinados y los desaparecidos está en las instantáneas del fotoperiodista español, colaborador de publicaciones como 'Time', 'Newsweek', 'The New York Times', 'Le Monde', 'Liberation' y, en España, 'XLsemanal'.ÁLVARO YBARRA ZAVALA







BIBLIOGRAFIA 

·        Conflicto Armado, Derecho Internacional Humanitario y Humanización (Crítica del Tema Central)

·  Angarita, R. D. (1997). Conflicto armado y derecho humanitario. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

·     Corte Constitucional de Colombia. (1995). Sentencia C-225 de 1995. (Fuente legal primaria referente a la incorporación del DIH al Bloque de Constitucionalidad).

 

·    Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales (1977). ONU.

·  Ley 171 de 1994. (1994, diciembre 16). Por medio de la cual se aprueba el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949. Diario Oficial No. 41.639.

·    Fotografías Alvaro Ybarra Zabala, El PAIS, álbum cultura



Nota: Esta publicación es realizada por el grupo de estudiantes unilibristas, con el fin de concientizar a la sociedad sobre una opinión critica de la humanización del conflicto armado en Colombia: JUAN FERNANDO ROMÁN RINCÓN, MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GARCÍA, DANNY FERNANDA PAPAMIJA GÓMEZ, JUAN CAMILO RODRÍGUEZ, OSCAR HUMBERTO ANTÍA ZAPATA.


Comentarios

  1. Yo no estoy de acuerdo en darle el país a la violencia, ya llevo 80 años de vida y eso no se acaba, el pasado no se olvida y ya está sentados en el gobierno

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  2. Dando lectura a este trabajo que ustedes presentan humildemente entraré a opinar sin aras de discrepar ni entrar en marquismos políticos ni politiqueros, toda vez que si bien es cierto el texto está fundado desde la defensa del porque esa sentencia no tuvo que darse en contra de colombia, pues es entendible, son ustedes la defensa en materia, pero cabe anotar que para que esto sea realidad tendría un estado social de derecho como el de colombia brindar acompañamiento asesorías y una serie de educación metodologíca para enseñar a un comun, o al pueblo en general a manejar una educación sólida sin entrar en pensamiento lleno de heridas, heridas marcadas en un corazón y con justa causa, pues la muerte de nuestros seres es algo difícil de olvidar, más aún difícil de que un pueblo pona muertos y las leyes prevean en la ley formalismos para que los actores de esta violencia pasen por alto la misma ley. Por eso es la desconfianza que el pueblo sobrepone ante esta serie de proyectos , aquí no es solo la humanización aquí tenemos que educar los pueblos para no seguir matandonos entre nosotros mismos. Buen apunte de ustedes , esto nos lleva a ver la lectura con un acrítica no tan cruda pero si con los pies bien puestos en la tierra.

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