Despido injustificado
Despido injustificado, falta de debido proceso
El caso de carmen becerra
La sentencia corresponde a una acción presentada por Carmen Helena Becerra Sanclemente, docente del Instituto Técnico Agrícola de Buga, quien alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la asociación sindical. Fue retirada de su cargo mediante un acto administrativo; sin embargo, interpuso recurso de reposición —resuelto en su contra—. Después presentó una demanda de reintegro, argumentando su calidad de directiva sindical. El conflicto surgió en torno a una cuestión clave: ¿cómo debe contarse el término de prescripción cuando existe una reclamación administrativa? La Corte Suprema explicó que el conteo se suspende desde la interposición del recurso y se reanuda al resolverse este.
En la Sentencia STL12759-2022, la Corte Suprema de Justicia revisó el caso que —nacido en Buga y trasladado a Bogotá— involucró fechas, actos administrativos y recursos legales. El Tribunal de Buga había declarado prescrita la acción de la docente, sumando días previos y posteriores a la reposición. Pero la Corte determinó que dicha interpretación era errónea: el término se suspende mientras se estudia el recurso administrativo; solo cuando este se resuelve, el conteo vuelve a correr.
El proceso judicial se desarrolló ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el 19 de septiembre de 2022 resolvió la tutela interpuesta por la docente contra el Tribunal Superior de Buga. Ella —vicepresidenta del sindicato SINDIMUNICIPIOS— fue desvinculada del Instituto Técnico Agrícola mediante la Resolución No. 2139 de 2021, sin autorización judicial. El Juzgado Primero Laboral de Buga había ordenado su reintegro; no obstante, el Tribunal revocó la decisión por considerar que su acción había prescrito. La Corte Suprema examinó las fechas, los actos administrativos y los recursos; punto y coma (;) mediante este análisis, concluyó que el Tribunal había sumado indebidamente los días de trámite administrativo. Según el artículo 118ª del Código Procesal del Trabajo, el término se suspende mientras se decide la reposición (no antes ni después). ¡Así, la Corte comprobó que la demanda fue presentada dentro del plazo legal y tuteló los derechos de la docente!
El caso de Carmen Helena Becerra Sanclemente se convirtió en un debate esencial sobre la interpretación del artículo 118ª del Código Procesal del Trabajo; la protección del fuero sindical; y la garantía del debido proceso. La docente alegó que su despido fue ilegal, ya que, siendo directiva sindical, su desvinculación requería autorización judicial. Además, agotó los recursos administrativos, por lo que la tutela era procedente. La Corte evaluó los argumentos de las partes:
1.La demandante, que reclamó la protección de sus derechos constitucionales;
2.La entidad demandada, que afirmó que el despido obedecía a razones objetivas y que la acción estaba prescrita;
3.El Tribunal de Buga, que interpretó restrictivamente la norma;
4.La Corte Suprema, que corrigió el error y garantizó la justicia material.
La Corte fue enfática: el término de prescripción no puede contarse de forma fragmentada, pues la ley lo suspende durante el trámite del recurso administrativo. Negar esta interpretación significaría desconocer el principio de favorabilidad laboral y la especial protección del fuero sindical. En consecuencia, la Corte concedió la tutela; ordenó la emisión de una nueva sentencia; y garantizó la reparación integral de la docente. De este modo, reafirmó la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades procesales (¡la justicia no puede limitarse a contar días!).
De todo lo expuesto se deduce que la Corte Suprema no solo corrigió un error técnico, sino que reafirmó la esencia del Derecho: proteger la dignidad y los derechos fundamentales. La decisión demuestra que el debido proceso y el fuero sindical son pilares del Estado Social de Derecho (la forma nunca debe vencer al fondo).
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SALA DE CASACION LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
BUGA,
Asunto: Acción de tutela interpuesta por CARMEN HELENA BECERRA
SANCLEMENTE vs. Establecimiento Publico de Educación Superior ITA
Radicación: 67938
Ponente: Fernando Castillo Cadena
I. ANTECEDENTES
1. Mediante escrito presentado el 16 de abril de 2021 la señora Carmen Helena
Becerra Sanclemente promovió acción de tutela contra el Establecimiento
Publico de Educación Superior ITA, alegando la vulneración de sus derechos
fundamentales (entre otros, al debido proceso y al derecho de asociación), por los
hechos que relata: su desvinculación mediante Resolución No. 2139 de 22 de enero
de 2021 y la resolución de reposición 2174 del 18 de febrero de 2021.
2. Las autoridades convocadas contestaron, exponiendo —en síntesis—: que la tutela
es improcedente frente a decisiones judiciales y actos cuyo remedio es la vía
ordinaria; que se respetaron los procedimientos y garantías; en su momento se
opuso la excepción de prescripción frente a la acción de reintegro; y se alegó, en su
caso, falta de legitimación por pasiva de determinadas entidades incluidas en el
traslado.
II. COMPETENCIA
La sala de casación laboral de la corte suprema de justicia es competente para conocer
de la presente acción de tutela por virtud de la normativa constitucional. Sin embargo, la
competencia material no es suficiente para declarar procedente la tutela cuando no se
acrediten los presupuestos de fondo establecidos por la jurisprudencia constitucional
(subsidiariedad y procedencia excepcional frente a providencias judiciales).
III. CONSIDERACIONES DE FONDO
1) Improcedencia de la tutela frente a decisiones judiciales y medios idóneos
La acción de tutela, por su naturaleza sumaria y excepcional, no sustituye los recursos
ordinarios cuando éstos son idóneos y eficaces para la protección del derecho invocado. La
jurisprudencia constitucional ha reiterado que la tutela contra providencias judiciales es
improcedente salvo que el accionante demuestre una vulneración manifiesta, grave e
irremediable de derechos fundamentales. En el expediente no se acredita que existiera tal
situación excepcional que obligara a preferir la tutela sobre los recursos ordinarios
disponibles. En consecuencia, la vía constitucional no resulta procedente para reemplazar el
trámite impugnatorio ordinario.
2) Agotamiento de la vía administrativa y cómputo prescriptivo conforme al artículo
118A del CPTSS
El artículo 118A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social establece el
término de prescripción de dos (2) meses para las acciones que emanan del fuero sindical.
La norma dispone expresamente que:
• para el trabajador el término se cuenta desde la fecha del despido, traslado o
desmejora;
• durante el trámite de la reclamación administrativa el término queda suspendido y,
culminado éste, volverá a correr el lapso restante.
Corresponde operar el cómputo conforme a la validez probatoria de las notificaciones. En
este expediente obra constancia que permiten establecer la fecha en que la actora fue
debidamente notificada de la resolución que ordenó su desvinculación y la decisión sobre el
recurso de reposición. Las pruebas obrantes permiten concluir que, sobre la base de las
fechas válidamente acreditadas, la acción de reintegro fue promovida fuera del término
legalmente previsto o, subsidiariamente, que la suspensión alegada no se configuró en los
términos que habilitarían la interposición extemporánea. (Resolución 2139 de 22 de enero
de 2021; Resolución 2174 de 18 de febrero de 2021).
3) Legitimación por pasiva y falta de actuación imputable a algunas entidades
En cuanto a la legitimación por pasiva, se observa que algunas autoridades vinculadas en el
traslado no fueron autores ni ejecutores del acto administrativo objeto del reclamo, por lo
que no puede atribuírseles responsabilidad en la forma en que pretende la accionante.
Procede, por tanto, absolver o excluir de la carga procesal a aquellas entidades que no
tuvieron intervención en el acto administrativo concreto.
4) Ausencia de lesión inmediata e irreparable de derechos fundamentales
Finalmente, el material probatorio no demuestra la existencia de un perjuicio inminente,
irremediable o de tal gravedad que exigiera la protección de la tutela. Los derechos
fundamentales invocados (debido proceso, asociación) no se muestran violentados de
manera tal que imposibilite la reparación mediante recursos ordinarios.
IV. CONCLUSIONES
1. No se acreditan los presupuestos de procedencia de la acción de tutela frente a
decisiones administrativas y judiciales para justificar la excepcionalidad que habilite
su trámite preferente.
2. Conforme al examen de la prueba documental obrante en el expediente, y en
aplicación del artículo 118A del CPTSS, la acción de reintegro por fuero sindical se
encuentra prescrita (o, alternativamente, la suspensión del término no opera con los
efectos que la actora pretende).
3. No se demuestra lesión actual, grave y de imposible reparación de derechos
fundamentales que justifique la suspensión de la vía ordinaria.
4. Procede, además, absolver de responsabilidad a aquellas entidades que no tienen
legitimación por pasiva.
V. PARTE DISPOSITIVA
Por todo lo expuesto, La sala de casación laboral de la corte suprema de justicia, es
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: DENEGAR la acción de tutela interpuesta por CARMEN HELENA
BECERRA SANCLEMENTE por no acreditarse los presupuestos de procedencia
excepcional establecidos en la jurisprudencia constitucional, ni la lesión de derechos
fundamentales en los términos que exige la Constitución.
SEGUNDO: CONFIRMAR decisión recurrida que declaró probada la excepción de
prescripción (o, en su defecto, disponer las consecuencias procesales que correspondan al
caso concreto), por las razones expuestas en la motivación de esta providencia.
TERCERO: Excluir del proceso por falta de legitimación por pasiva a las entidades
CUARTO: Notifíquese conforme a la ley y cúmplase
Bibliografía
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Sentencia STL12759-2022, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral (19 de septiembre de 2022). Acción de tutela interpuesta por Carmen Helena Becerra Sanclementecontra el Tribunal Superior de Buga.
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (Decreto 2158 de 1948). Artículo 118A sobre prescripción y suspensión de términos.
Becerra Sanclemente, C. H. (2021). Acción de tutela contra el Establecimiento Público de Educación Superior ITA por vulneración de derechos fundamentales.
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